El silencio en la larga noche de la pandemia ha sido escalofriante. No se escuchaban las voces de las personas, ni el sonar de las campanas, ni el rugir de los motores, ya sea de los carros o de los aviones, que —por cierto— esos días dejaron de volar, al igual que las aves. El silencio sepulcral se extendió por meses, acompañado del lamento que corría de boca en boca: “No lo lleves al hospital, te lo entregan muerto”, en referencia a los pacientes con COVID-19. En muchos hogares mexicanos, este miedo se volvió desasosiego y se transformó en compras masivas de papel sanitario o alcohol en gel. Al mirar la televisión, o las redes sociales, se veía que esos comportamientos se replicaban en todo el planeta.
Igualmente emergieron a nivel global gestos de solidaridad: conciertos desde los balcones, redes de apoyo para llevar alimentos y medicinas, mensajes cruzados entre ventanas y puertas, reflexiones sentidas o intentos desesperados de entender el encierro y encontrar sentido, incluso divagaciones de algunos diciendo, por aquello de que los humanos estábamos encerrados en nuestras casas como en jaulas: “a ver, para que vean lo que sienten los animales”, en referencia a aquellos que están en los zoológicos o parques de diversiones.
En el caso de México hubo también demostraciones de apoyo colectivo y empatía: redes vecinales, ollas comunes, trueques locales, campañas de apoyo para personal médico, donaciones anónimas, mensajes escritos con gis en las banquetas para levantar el ánimo. No faltaron quienes ofrecieron música desde sus ventanas, quienes repartieron despensas, quienes iniciaron huertos urbanos. En los márgenes del desastre, la vida insistió.
En ese momento en que el sistema global parecía haberse paralizado, quedó en evidencia la fragilidad de las instituciones de salud pública, muchas debilitadas por años de privatización y desmantelamiento por parte de gobiernos neoliberales. En nuestro país -como en tantos otros del Sur global- la medicina tradicional y los saberes locales se vieron fortalecidos y vigorizados jugando un papel primordial en la salud de muchas familias. Plantas, infusiones, aceites, vapores, tinturas, ungüentos, cuidados cotidianos, acompañamiento: todo aquello que no entraba en las estadísticas oficiales, pero que sostuvo la energía y el aliento en los momentos más críticos; aunque desde los marcos institucionales se trató de desacreditar estas actividades, pues según estos -incluidos los señores del dinero-, “por no ser prácticas científicas”.
Es fundamental resaltar que en una situación de pandemia como la que hemos estado viviendo, quienes están trabajando, lo están haciendo hasta el agotamiento y con una entrega total. Por eso hubo y hay muchos aplausos para ellos en todas partes del mundo: todo el personal del sector salud, desde intendentes hasta médicos y enfermeras, los trabajadores de los sistemas agroalimentarios, es decir agricultores, campesinos, ganaderos, comerciantes minoristas y mayoristas, y todos aquellos que desempeñan un papel en la producción y suministro de alimentos para la población. Se ha generalizado el agradecimientos y admiración hacia todas las personas que, mientras unos se quedan en casa, han seguido su rutina, asumiendo en muchos casos mayores cargas de responsabilidad y jornadas laborales interminables.
Según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta septiembre de 2020, más de 43,700 empleados de la salud se ausentaron por ser considerados personal de riesgo, y se reconocieron más de 100,000 incapacidades por sospecha o confirmación de COVID-19 entre los trabajadores del IMSS. Además, se implementaron programas de apoyo psicológico para atender el impacto emocional en el personal sanitario.
En el ámbito agroalimentario, los jornaleros agrícolas han continuado trabajando en condiciones precarias para garantizar el suministro de alimentos. A pesar de ser considerados esenciales, muchos de ellos, especialmente los provenientes de comunidades indígenas, siguen enfrentando riesgos sanitarios y falta de reconocimiento. Organizaciones como la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas han documentado casos de contagios y muertes por COVID-19 entre estos trabajadores, destacando la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y de salud. Lo anterior, evidencia la realidad de quienes, a pesar de las adversidades, han mantenido en funcionamiento los servicios esenciales durante la pandemia. Su labor incansable y compromiso merecen no solo nuestro agradecimiento, sino también acciones concretas de política pública para mejorar sus condiciones de trabajo y bienestar.
Un tema muy doloroso ha sido, sin duda, lo relativo a las personas fallecidas, cuyos cuerpos emplayados e incinerados han pasado a otro plano: sin velorio, sin funeral… sin novenario; dejando una herida profunda en sus familias. Sin duda, este tipo de duelo marcará sus historias. A lo largo del país, el aumento de muertes derivadas de la COVID-19 ha desbordado los servicios funerarios. En muchos hospitales, los cuerpos debían ser entregados bajo estrictos protocolos sanitarios, sellados en plástico y, en no pocos casos, cremados sin que los familiares pudieran despedirse.
El proceso, además de amargo, fue costoso: en diversos estados de la república, los gastos superaban las posibilidades de muchas familias, lo que llevó incluso al abandono de cuerpos en hospitales o agencias del Ministerio Público. En paralelo, se vivió una crisis de oxígeno medicinal; la escasez ha afectado tanto a hospitales como a quienes intentaban atenderse en casa. Las filas para conseguir un tanque eran largas, y el precio llegó a duplicarse en algunas regiones del país.
A esta crisis se sumó otra, más callada pero igualmente grave: el aumento de la violencia doméstica que desde el inicio de la pandemia mostró cifras alarmantes. Tan solo en marzo de 2020, las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres alcanzaron las 26,171, marcando un récord desde la implementación de este servicio en 2016. La tendencia continuó en 2021, con un pico de 27,751 llamadas en mayo. Este aumento reflejó el agravamiento de la violencia de género durante la pandemia, exacerbado por el aislamiento y la falta de acceso a redes de apoyo. En respuesta, la Red Nacional de Refugios atendió a más de 46,000 mujeres, niñas y niños en 2021, proporcionando espacios seguros y apoyo integral; asimismo surgieron redes solidarias, desde colectivas feministas hasta refugios que, a pesar de las restricciones, no dejaron de brindar acompañamiento y protección.
A estos escenarios se sumó una ola de residuos plásticos producto del uso obligatorio de equipos de protección, bolsas especiales y envoltorios para cadáveres, así como un aumento significativo en la utilización de plásticos de un solo uso en todos los ámbitos de la vida. De acuerdo con datos reportados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el volumen de residuos plásticos generados a nivel mundial se disparó debido a la demanda masiva de insumos médicos desechables como mascarillas, guantes, caretas y trajes de protección. A esto se sumó el auge de las compras en línea y el aumento en la entrega de alimentos a domicilio, lo que intensificó el uso de empaques plásticos, bolsas y contenedores no reciclables. Un estudio publicado en noviembre de 2021 en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) estimó que más de 25,000 toneladas de residuos plásticos relacionados con la pandemia ingresaron a los océanos, representando una amenaza significativa para la vida marina y los ecosistemas.
En México, informes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a finales de 2021 señalaron que el consumo de bolsas de plástico se había incrementado hasta en un 20%, alcanzando un estimado de 180 bolsas por persona al año. La crisis sanitaria empujó así un retroceso temporal a nivel global, en los esfuerzos por reducir los plásticos de un solo uso, justificándose en la necesidad de cumplir con protocolos sanitarios, pero sin una gestión eficaz posterior de los residuos generados.
El ciclo escolar 2020-2021 se vivió a distancia. Para muchas niñas y niños, fue un año de abandono, sin internet ni computadoras, y sin acompañamiento pues la pandemia también evidenció y profundizó las desigualdades en el acceso a la educación en México; y con el cierre de las escuelas en marzo de 2020, millones de estudiantes se vieron obligados a continuar sus estudios desde casa. Sin embargo, esta transición no fue equitativa, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020, solo el 60.6% de los hogares contaban con acceso a internet, y apenas el 44.2% disponían de una computadora. La brecha digital ha sido aún más pronunciada en las zonas rurales, donde aproximadamente solo un 50.4% de la población cuenta con acceso a internet, en contraste con el 78.3% en áreas urbanas. Esta situación dejó durante 2020 a una parte significativa de la población estudiantil sin los medios necesarios para continuar su educación a distancia, y poniendo en riesgo el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes.
Además del impacto físico, social, económico y ambiental, la pandemia ha provocado una crisis inédita en la salud mental: ansiedad, depresión, estrés postraumático y soledad se volvieron parte cotidiana de millones de personas en México y el mundo. El confinamiento, la incertidumbre, la pérdida de seres queridos y la precariedad económica crearon un caldo de cultivo para un sufrimiento invisible, que está empezando dimensionarse y que desafía a los sistemas públicos de salud a responder con urgencia.
El 2020 nos dejó claro que la pandemia no fue solo un problema de salud, sino un fenómeno que desnudó y profundizó crisis simultáneas, cada una de estas crisis reflejó y amplificó las desigualdades estructurales existentes, evidenciando la fragilidad de las instituciones en temas de derechos humanos y bienestar social. Este conjunto de impactos abonó el terreno para un cambio social profundo, pero también para una gestión del caos que se tradujo en prácticas veladas que buscan controlar y moldear el futuro según intereses hegemónicos.
El encierro pandémico mundial, no solo fue un intento por contener un virus desconocido, sino también un laboratorio social a gran escala. Como plantea Naomi Klein en su libro “Teoría del Shock”, las crisis profundas son a menudo aprovechadas -o incluso inducidas- para imponer reacomodos económicos, políticos y sociales que, en condiciones normales, generarían resistencia. Así, mientras el mundo enfrentaba el dolor, el encierro y la incertidumbre, se reconfiguraban de forma silenciosa las reglas del juego: los grandes capitales avanzaban sobre los bienes públicos, las plataformas tecnológicas consolidaban su poder, y los discursos de miedo allanaban el terreno para nuevas formas de control y vigilancia.
Durante 2020, la convergencia entre la pandemia por COVID-19, el agravamiento de conflictos bélicos y los efectos del cambio climático provocaron un retroceso sin precedentes en los indicadores globales de bienestar. Según estimaciones publicadas por el Banco Mundial en octubre de ese año, cerca de 115 millones de personas cayeron en situación de pobreza extrema, lo que representó el primer aumento significativo en dos décadas.
En paralelo, organismos como Oxfam alertaban sobre una recuperación económica profundamente desigual: mientras la riqueza de los diez hombres más ricos del mundo crecía exponencialmente —recuperando sus pérdidas iniciales en menos de nueve meses—, los sectores populares enfrentarían una recuperación que, de acuerdo con los mismos informes, podría tardar hasta una década. Esta disparidad, lejos de ser un efecto colateral, fue interpretada por algunos analistas como evidencia de un reacomodo funcional al sistema dominante, en el que la crisis se transformó en oportunidad para la concentración del poder económico y político.
Simultáneamente, las grandes farmacéuticas fortalecidas a partir de recursos públicos e incentivos fiscales obtuvieron ganancias extraordinarias de hasta un 600%, y por si fuera poco, establecieron contratos con cláusulas opacas, exigiendo inmunidad legal por posibles efectos adversos de las vacunas y negándose a liberar patentes, lo que dificultó el acceso equitativo a las vacunas en países de ingresos bajos y medios. En este contexto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres indicó que en las primeras jornadas de vacunación el 75% de las inmunizaciones habían sido administradas en las naciones con más altos ingresos, abriendo una brecha más en la desigualdad a nivel global. Al respecto el gobierno mexicano, señaló que la vacunación no solo era un asunto de interés público, sino humanitario, llamando no solo a la cooperación pacífica para el bienestar humano.
Por otra parte, en muchos países, se impulsaron apps de rastreo sanitario, vigilancia de movilidad y control de datos personales sin marcos legales adecuados ni garantías claras. Bajo este contexto, diversos organismos de derechos humanos advirtieron que esta infraestructura podría permanecer después de la emergencia, abriendo la puerta a nuevas formas de vigilancia estructural. A la vez, el miedo generalizado debilitó la capacidad de cuestionamiento en amplios sectores sociales, mientras otros comenzaron a resistir desde el desconcierto o la intuición crítica. El confinamiento no solo reveló la desigualdad y la injusticia global -en el acceso a salud, educación, conectividad o vivienda-, sino que puso en juego tensiones éticas y morales que aún nos interpelan: ¿quién decide qué es esencial?, ¿hasta dónde llega la autoridad del Estado y sobre todo del capital en nombre de la salud pública?, ¿qué tanto poder entregamos y a quién cuando el miedo nos paraliza?.
El año 2021 inició con una mezcla de agotamiento social y expectativa contenida. La llegada de las primeras vacunas fue presentada como el inicio del fin de la pandemia, no obstante, el proceso relacionado a la equidad y eficacia en la distribución y aplicación de las mismas estuvo marcado por problemas logísticos, desinformación y un fuerte componente económico y político. Al mismo tiempo, crecieron los movimientos de resistencia a la vacunación obligatoria, no solo desde posturas conspirativas, sino también desde sectores que cuestionaban la rapidez del desarrollo de las vacunas, la falta de transparencia y los conflictos de interés en las decisiones de salud pública. La vacunación, lejos de ser un acto meramente sanitario, se convirtió en otro campo de disputa política, económica, ética y moral.
En enero del año 2021, México se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en comenzar la vacunación, gracias a la gestión del gobierno federal, iniciando con el personal médico en primera línea. A lo largo del primer semestre de este año, llegaron millones de dosis de diversas farmacéuticas: Pfizer, Astra Zeneca, Sinovac, Sputnik V y Cansino. El gobierno federal articuló una campaña masiva y gratuita, coordinada por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, que incluyó brigadas correcaminos y centros de vacunación en zonas urbanas y rurales. Pese a fallas logísticas y ciertas inconsistencias en el registro, México logró vacunar a más de 120 millones de personas antes de terminar el año, con más del 88% de la población adulta recibiendo al menos una dosis, según datos de la Secretaría de Salud.
Mientras tanto, la economía seguía resintiendo los efectos del año anterior. Aunque hubo un crecimiento del PIB del 4.8% respecto al desplome del 2020, los niveles de pobreza y desempleo continuaron siendo altos durante el 2021. Aunque los apoyos sociales implementados por el gobierno federal desde 2018 formaban parte de un proyecto más amplio de restitución de derechos sociales, la magnitud de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia sobrepasó su capacidad de contención. Los datos del Coneval (2021) reflejan que, pese al aumento en la inversión pública orientada al bienestar, la pobreza se incrementó, dejando ver que las condiciones históricas de desigualdad, precariedad y rezago estructural heredadas de los gobiernos neoliberales- hicieron que estas medidas no fueran suficientes ante la crisis global profunda e inédita que ha representado la pandemia de la COVID-19.
En el ámbito educativo, el ciclo escolar 2020-2021 se mantuvo a distancia hasta agosto, cuando comenzó el regreso gradual a clases presenciales. Sin embargo, el rezago era evidente: más de 5 millones de estudiantes abandonaron la escuela entre 2020 y 2021, muchos por falta de conectividad, dispositivos o acompañamiento educativo en casa. Las brechas digitales y estructurales se profundizaron, afectando de forma desproporcionada a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza. A pesar de las múltiples tensiones y críticas, el gobierno de México enfrentó la pandemia desde una lógica que apostó por la soberanía fiscal, evitando el endeudamiento externo que muchos países adoptaron como estrategia paliativa. Aunque esta decisión fue fuertemente cuestionada en su momento, para finales de 2021 ya era evidente que los países que sí optaron por esa vía enfrentaban nuevos desafíos. Canadá, por ejemplo, implementó programas de apoyo económico directo como el Canada Emergency Response Benefit (CERB), pero al cierre de ese año su deuda pública había alcanzado niveles históricos, superando el 115% de su PIB según el FMI. Si bien esas medidas fueron celebradas como modelos de protección social inmediata, empezaban a encenderse alertas sobre su sostenibilidad fiscal. En contraste, México sostuvo una política de austeridad y no contrajo deuda adicional, lo cual evitó compromisos financieros a largo plazo, aunque no sin consecuencias para los sectores más vulnerables.
En cuanto al sistema de salud, los hospitales mantuvieron una ocupación elevada durante los primeros meses de 2021, especialmente con la segunda ola entre enero y marzo. La escasez de tanques de oxígeno, medicamentos y personal médico fue una constante. Aun así, se evitó el colapso sanitario gracias al reforzamiento de unidades COVID, la conversión hospitalaria y la solidaridad de muchos sectores. Se reconoció, incluso desde instancias internacionales como la OMS, el esfuerzo logístico del gobierno de México para desplegar vacunas y evitar una tercera ola más catastrófica. No obstante, la tercera ola sí llegó, en julio, impulsada por la variante Delta. A pesar del aumento de contagios, la tasa de mortalidad fue significativamente menor que en olas anteriores, lo cual se atribuyó, en parte, al avance de la vacunación. A fin de año, el tono general era de cansancio social, pero también de cierta capacidad de adaptación: se había aprendido a convivir con el virus, a reconstruir redes de apoyo, y a defender espacios de vida cotidiana con creatividad.
El desempeño sanitario fue desigual. No obstante, México logró asegurar vacunas y distribuirlas gratuitamente en tiempos razonables, priorizando zonas vulnerables. Al cierre de 2021, millones de personas ya están vacunadas, sin haber tenido que pagar ni un peso por ello. En cuanto a las cifras de mortalidad, el número de muertes fue alto, pero no necesariamente desproporcionado si se considera el tamaño de la población, los niveles estructurales de desigualdad y el abandono histórico del sector salud. No se puede ignorar que la Cuarta Transformación apenas comenzaba su camino cuando estalló la pandemia, y le tocó gestionar una crisis global sin precedentes con herramientas institucionales frágiles y un país profundamente desigual.
No es momento de cerrar el duelo. Ni de pasar página. Al menos no sin memoria. No sin aprender. Porque si algo dejó esta pandemia —que no ha terminado—, es la certeza de que la vida es frágil, y que sólo puede sostenerse con vínculos. Que la salud no es un lujo, es un derecho.
Este número de Eclecta ofrece una valiosa reflexión sobre diversos aspectos sociales y educativos en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19. La editorial presenta una relatoría detallada de los impactos y desafíos vividos durante 2020 y 2021, periodo que afectó significativamente la respuesta a la convocatoria de publicación. En este sentido, expresamos nuestro profundo agradecimiento a los autores que colaboran en este número, cuyo trabajo da testimonio del compromiso de quienes, aun en medio de la crisis sanitaria, continuaron aportando conocimiento desde distintas disciplinas y enfoques.
En el artículo “Influência das condições de organização escolar na integração / inclusão e no controlo comportamental de alunos com diagnóstico de perturbação de hiperactividade e défice de atenção (diferenças de percepção em docentes do ensino especial e do ensino regular)”, el autor Fernando Oliveira Pereira presenta un riguroso análisis sobre la inclusión educativa y los retos que enfrentan estudiantes con trastornos de atención, poniendo en evidencia las condiciones organizacionales que influyen en su integración. Por otra parte, en el trabajo titulado “Teoría Cognoscitiva Social e Intención de Mantener Cuarentena durante Pandemia por COVID-19”, el autor Jesús Manuel Rodríguez López explora las conductas individuales frente al confinamiento, tomando como referencia la Teoría Cognoscitiva Social, destacando la necesidad de estudiar con más profundidad los “estados de ánimo maladaptativos”, y sus efectos a largo plazo.
Creemos firmemente que estas investigaciones no solo amplían la comprensión de los efectos sociales y educativos derivados de la pandemia, sino que también constituyen un homenaje a la resiliencia y creatividad científica en tiempos de incertidumbre.
San Luis Potosí, S. L. P., México. Diciembre de 2020 / 2021.
Emiliano Salvador Sánchez Rodríguez
Editor y Director de “eclecta revista de psicología general”
“el otro es lo único realmente sagrado y digno de respeto sin límite. El respeto es silencio, pero no silencio del que nada tiene que decir, sino del que todo tiene que escuchar porque nada sabe del otro como otro…”.